Sus propios amigos entregaron a joven sospechoso de matar a cabo
En las imágenes captadas por una cámara de seguridad, la noche en que fue asesinado el cabo Cristián Martínez Badilla (27) en Quilicura, los carabineros de la 49ª Comisaría reconocieron a dos delincuentes habituales del sector que portaban el escudo y el casco de la víctima y que, por lo mismo, se convirtieron en los principales sospechosos del crimen.
Se trata de B.A.H.A. (16), alias “El Rata”, y M.L.V., apodado “El Potito”, quienes acostumbraban a deambular por Manuel Antonio Matta y San Luis, donde en la noche del “11” cayó abatido el cabo Martínez, víctima de un balazo en el tórax. Con estas pistas, los efectivos del OS-9 que tomaron el caso empadronaron a testigos y establecieron que el primero de los nombrados fue el autor del disparo.
Fueron los amigos de “El Rata” quienes lo entregaron a la policía el miércoles pasado y, aunque él lo niega, todos los testigos lo indican como el sujeto que disparó con un revólver calibre 38 en contra del cabo Martínez. Algunos lo vieron disparar y otros lo escucharon jactarse de que se había “piteado un paco”.
Este jueves, el fiscal de la zona Centro Norte, Ricardo Peña, formalizó al menor por homicidio de carabinero en servicio y el 2° Tribunal de Garantía ordenó la internación provisoria de B.A.H.A. en un recinto dependiente del Sename.
El fiscal Peña dijo que la ropa de la persona grabada por la cámara manipulando el casco fue encontrada en la casa del imputado. Asimismo, indicó que los peritajes concluyeron que hay residuos de disparos en la ropa del menor.
A la audiencia de formalización asistieron los padres de B.A.H.A. quienes insistieron en la inocencia del joven. Sin embargo, las pruebas aportadas por la fiscalía resultaron contundentes.
Tanto el Ministerio del Interior como Carabineros se querellaron contra el adolescente que tiene antecedentes por robo. También está en tratamiento en el Sename por su adicción a las drogas. Por la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, B.A.H.A. arriesga una pena máxima de 10 años de cárcel.
FUENTE. LA NACION.CL
