Informes de comisión BID cuestionan a Cortázar y Velasco por préstamo al Transantiago
Tres documentos ingresarán, antes del mediodía de hoy, a la secretaría de la comisión investigadora del préstamo que el BID le otorgó al Transantiago en abril y que fue impugnado por el Tribunal Constitucional. A las conclusiones de la Alianza y la Concertación se sumará un tercer texto, pues el diputado independiente Carlos Olivares, quien preside la instancia, decidió redactar un informe propio.
Aunque los diputados prevén un duro debate para tratar de imponer sus conclusiones, en los borradores de los informes -a los que tuvo acceso La Tercera- existen varios puntos en común entre la Alianza y el ex DC.
Los dos documentos esgrimen duros cuestionamientos al actuar de los ministros Andrés Velasco y René Cortázar. Se les cuestiona haber convertido al gobierno en garante de una operación que, según el TC, era inconstitucional. Además, debido a eso, La Moneda quedó en un complejo escenario, pues debió recurrir al dos por ciento constitucional para seguir financiando un plan de transporte deficitario.
“En el informe se consignarán las responsabilidades políticas que les cupieron a los ministros”, dice Olivares.
La coincidencia entre los informes abre un nuevo flanco para el gobierno, pues las conclusiones de la Concertación -donde no se atribuyen responsabilidades al Ejecutivo- quedarán en minoría. Y aunque el ex DC intentará imponer su informe como el de consenso, en la Alianza sostienen que ya comenzaron las conversaciones para redactar un informe que bloquee cualquier gestión oficialista.
ARGUMENTOS CONTRA MINISTROS
El principal cuestionamiento a los secretarios de Estado apunta a que hayan sostenido que la solicitud del préstamo correspondió a un contrato entre privados -el BID, por una parte, y la cuenta especial de reembolso del Administrador Financiero del Transantiago, por otra-, pese a que en cartas enviadas a la entidad bancaria dieron cuenta de que el gobierno chileno actuaba como aval.
El informe de Olivares incluye una misiva fechada el 6 de junio. Fue firmada por los dos ministros y atribuye el compromiso del crédito a la actual administración, señalando incluso que “ante cualquier incumplimiento del gobierno”, el BID no dará otro préstamo a Chile.
Otro argumento que se repite apunta al uso ilegal que se le dio a la Cuenta Especial de Reembolso del AFT, creada en la Ley 20.206, aprobada por el Congreso en 2007 para otorgarle recursos al plan. “Esa cuenta se creó para devolver los recursos proporcionados por el gobierno al plan, nunca para pedir préstamos”, sostiene el ex DC.
En ambos informes también se insiste con la crítica respecto de la construcción jurídica de la operación, en la que se recurrió a un decreto y no a una ley para autorizar la línea de crédito ante el BID. “Se creó una entelequia jurídica para saltarse al Congreso, y en la que finalmente se diluyen las responsabilidades”, sentencia Patricio Melero (UDI), miembro de la comisión.
