Gobierno reflota proyecto para consolidar deudas y evalúa nueva fórmula
Luego de haberlo mantenido siete meses en un cajón, el Ministerio de Hacienda decidió reactivar el proyecto de ley que crea la primera base consolidada de datos comerciales de todos los chilenos, que incluye no sólo la deuda morosa, sino también las obligaciones al día. Y con su decisión, reavivó la antigua batalla que tiene a los bancos, por un lado, y a las casas comerciales, por otro, enfrentados por décadas. De hecho, el tema fue el punto central de la reunión que el pasado lunes sostuvieron los máximos representantes del retail en la Cámara de Comercio de Santiago.
La subsecretaria de Hacienda, María Olivia Recart, ya informó a los representantes de ambos sectores que ingresará el texto al Congreso este mes, confirmaron altos ejecutivos involucrados en las conversaciones. Pero no se trataría del proyecto original que se evaluó en 2008.
La autoridad está redefiniendo algunos contenidos centrales para darle mayor viabilidad legislativa, luego de que la Comisión de Economía de la Cámara Baja también reflotara una moción en esa línea.
Banca y retail están enfrentados desde mediados de los 90 por el acceso a esta información. Los bancos argumentan que desconocer el monto de las deudas de los clientes del retail pone en riesgo el sistema de pagos y, además, inhibe a su sector de captar sujetos que son bancarizables. En línea con la idea de mejorar la información financiera disponible, el Ejecutivo anunció a mediados del año pasado su intención de enviar un proyecto de ley que permita construir una base única con todas las deudas de las personas, morosas y al día. El proyecto plantea que la base sea administrada por un tercero, previa licitación pública.
Las casas comerciales, en tanto, rechazan la idea, pues creen que atenta contra garantías constitucionales como el respeto a la vida privada y a la propiedad privada.
La disputa llevó a Hacienda a suspender en 2008 el envío del proyecto, en espera de un acuerdo entre los privados, quienes en agosto pasado contrataron al ex ministro DC Alejandro Jadresic para encontrar puntos de encuentro. Aunque la idea del gobierno siempre fue rediseñar el texto para incorporar los puntos de consenso entre los privados, representantes de bancos y retail reconocen que en esta ocasión la autoridad les aclaró que si no logran un acuerdo irán al Congreso con la versión inicial, aun cuando esto implique una discusión parlamentaria más compleja.
En la Subsecretaría declinaron comentar el tema.
EL PLAN DEL MEDIADOR
En lo central, la propuesta de Jadresic estima que se puede avanzar en mayor transparencia sobre el endeudamiento de los consumidores y su comportamiento de pago. La propuesta que este mediador ha recomendado en sus contactos con banca y retail -y que Hacienda consideraría en su rediseño- es reemplazar la creación de una base consolidada de deudas RUT a RUT y de libre acceso para los actores crediticios (como establecía el proyecto original del gobierno) por una base administrada por un tercero y al que sólo se podría acceder con la autorización del consumidor. Otra figura es que éste debiera ser quien lo pida en persona. El mecanismo sería que al cliente, al pedir un crédito, se le pida un certificado de deuda consolidada, que reuniría información de deudas blandas (atraso de 45 a 90 días) y duras (más de 90 días). El documento tendría una validez de tiempo acotada.
La base de datos sería administrada por un tercero, privado y previa licitación pública (único punto que Jadresic replica del proyecto oficial).
El lunes pasado, en la reunión mensual de la CCS, la directiva que preside Peter Hill presentó un power point con las recomendaciones del ex ministro DC. Participaron, entre otros, los gerentes generales de las cadenas de retail y sus controladores como Juan Cuneo (Falabella), Lázaro Calderón (Ripley) y Pablo Alcalde (La Polar).
Los asistentes acordaron “seguir apoyando al gobierno en todo lo que tenga que ver con generar una base de datos de información consolidada agregada, pero no RUT a RUT”, afirmó uno de los presentes. Esto implica que la cúpula del retail no está dispuesta a un acuerdo si el modelo se basa en compartir información desagregada de sus clientes, explican en el Comité de Retail de la CCS.
La decisión se basa en la negativa del comercio a entregar información de sus clientes a la banca y en la percepción de las grandes tiendas de que el proyecto no tiene posibilidades reales de tranformarse en ley. “La norma que impulsa la subsecretaria no tiene el respaldo de La Moneda”, dice un ejecutivo del sector. Además, agrega, en el Congreso la mayoría de las mociones parlamentarias han ido en sentido contrario: proponiendo borrar la información histórica de deuda de las personas y no ampliándola, como hace este proyecto.
En el caso de la banca no ha habido una reunión formal, pero el gremio está socializando las ideas de Jadresic. “No es lo que estimamos ideal, pero sería el avance más serio que ha habido entre ambos sectores para llegar a un acuerdo”, dice un alto ejecutivo de uno de los bancos más relevantes de la plaza.
Sin embargo, otro gerente de primera línea afirma que si no hay posibilidad de acceder a un certificado de deuda consolidado -incluso si el cliente lo pide- no hay avance. “Hoy podemos pedir certificados, pero se nos entrega sólo información sobre moras y protestos. Lo que no podemos conocer es el comportamiento positivo de pago y tampoco cuán expuesta está o no la gente en su endeudamiento no bancario”, explica.
MOMENTO COMPLEJO
En ambas industrias existen personeros que reconocen que la coyuntura también está pesando para que acerquen posiciones. En septiembre pasado Cuneo, Hill y otros ejecutivos del retail se reunieron con el ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma, para abordar el punto. Trascendió que el jefe de gabinete compartió sus reparos.
Pero hoy el contexto es adverso, pues el gobierno está en una abierta campaña por generar buenas relaciones con la banca y así reactivar la actividad crediticia, aseguran algunas fuentes del comercio. También reconocen que les podría jugar en contra el caso de colusión en farmacias (que forman parte del sector retail) y las dificultades financieras de la multitienda Johnson’s. Sin embargo, otra ala del comercio aclara que esto último no es tan relevante.
“Cinco empresas son el 90% de las cadenas de retail y en el resto está Johnson’s, junto a otras cadenas como Hites, Din ABC y Tricot, por lo tanto el impacto del caso es marginal”, dice un alto ejecutivo.
FUENTE.EXCLUSIVA DE LA TERCERA .COM
MATERIAL DE SUS PROFESIONALES.
