Nueva acreditación universitaria: evaluación integral y cumplimiento de estándares
La Ley 20.129, en la cual se enmarca actualmente la acreditación de las instituciones de educación superior, fue propuesta en 2003 y aprobada en 2006, durante el Gobierno de Michelle Bachelet. El ministro Harald Beyer recordó este jueves la génesis de dicha normativa al dar a conocer, en La Moneda, los lineamientos del proyecto que crea un nuevo Sistema de Acreditación de la Educación Superior y que será enviado en los próximos días al Congreso.
El secretario de Estado sostuvo que este cuerpo legal “tiene problemas serios en su diseño y hemos sido testigos de muchos de esos problemas. Muchos de ellos tienen que ver con aspectos concretos de la ley que requieren ser modificados”.
Con la referida legislación los planteles “no han estado cumpliendo estándares mínimos de calidad que aseguren que todos los estudiantes tendrán una formación adecuada”, apuntó el titular de Educación.
“RESTABLECER LEGITIMIDAD”
El nuevo proyecto es el resultado de un intenso trabajo que realizó el Gobierno durante el último año, según se indicó.
Entre sus objetivos están: asegurar la calidad de la instituciones de educación superior, restablecer la legitimidad y confianza “en un sistema mal diseñado, asegurando probidad, transparencia y la ausencia de conflictos de interés y proveer un marco que recoja y adapte al país las mejores prácticas internacionales”.
La acreditación será requisito para que las instituciones mantengan el reconocimiento oficial del Estado. Esto significa que ello las habilitará para entregar títulos profesionales y recibir cualquier tipo de financiamiento fiscal.
INSTITUCIONALIDAD MÁS FUERTE
En el nuevo proyecto se establece que la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), que está formada por 15 integrantes, sea reemplazada por la Agencia Nacional, que tendrá 5 miembros (1 escogido por el Presidente de la República y los 4 restantes propuestos por el Mineduc y elegidos por Alta Dirección Pública).
En el sistema que rige actualmente, los planteles, tras obtener su autonomía, no tenían obligación de acreditarse.
La propuesta que ingresará al Congreso plantea que tanto el licenciamiento como la acreditación de un recinto se concentren en la nueva Agencia.
Actualmente el licenciamiento es otorgado por la CNA y permite que una universidad sea autónoma.
EVALUACIÓN INTEGRAL
• La acreditación comprenderá una evaluación integral de las instituciones y considerará:
• Evaluación del plantel.
• Evaluación de las carreras de Medicina y Pedagogía.
• Evaluación de 2 carreras de distinta área de estudio en cada nivel que la institución imparta títulos (pre y posgrado) que serán elegidas aleatoriamente.
ESTÁNDARES DE CALIDAD
• Se establecen estándares de acreditación que deberán ser cumplidos por las instituciones.
• El proyecto da la posibilidad de acreditarse frente a organismos internacionales.
• Los procesos deberán contar con la participación de pares evaluadores nacionales y extranjeros.
• En la evaluación integral no habrá agencias privadas.
• Se establece un “manual de acreditación” público y sometido a consulta pública.
ACREDITACIÓN POR 6 AÑOS
• El proyecto establece que la acreditación será binaria: se aceptará o rechazará. Y tendrá una duración de 6 años.
• La institución se podrá acreditar provisionalmente por un período de 3 años indicándose exigencias que de no cumplirse harán perder la acreditación.
• No podrán otorgarse 2 acreditaciones provisionales consecutivas ó 3 en un período de 18 años.
• Los planteles que no sean acreditados perderán el reconocimiento oficial del Estado: no podrán otorgar títulos ni recibir financiamiento público.
REGULACIÓN POST ACREDITACIÓN
• La iniciativa establece que las instituciones de educación superior deberán informar la apertura de carreras, establecimiento de nuevas sedes, crecimiento de la matrícula que se produzcan y que no hayan sido evaluados en el proceso de acreditación.
• La Agencia podrá revisar la decisión de acreditación si considera que los cambios ponen en riesgo las condiciones que dieron lugar a su acreditación.
• Si se comprueba que la acreditación se obtuvo de manera fraudulenta, se deberá iniciar un nuevo proceso de acreditación de manera inmediata.
• Además, se establecerán multas a los miembros de la junta directiva y rectores.
FUENTE. LA NACION.CL
