Harboe (PPD): “Nunca me han gustado las tomas”
-¿Cómo evalúa la situación actual del conflicto estudiantil?
-Se ha llegado a un punto de no diálogo bien difícil. Nunca me han gustado las tomas, lo he dicho siempre, pero creo que también la autoridad apaga el fuego con bencina, como el alcalde Pablo Zalaquett, que amenaza con quitar beneficios sociales a los que participan en movilizaciones, eso es muy grave. Las autoridades deben ser parte de la solución, no del problema.
-¿A su juicio, se equivoca el movimiento estudiantil en usar las tomas?
-Yo no soy quien para aconsejar a los estudiantes, pero nunca me han gustado las tomas como forma de manifestación, porque limita la libertad de otros estudiantes que pueden querer estudiar. En algunos casos, yo he recorrido Santiago y he observado que se provoca destrucción y el municipio debe pagar. Pero lo principal es que la autoridad debe retomar el diálogo.
-¿No es más difícil hoy llegar a acuerdo, considerando que el 2006 los estudiantes terminaron las movilizaciones y hoy plantean que no se resolvieron los problemas?
-Yo tengo mi opinión distinta, pero mi percepción es que lo que pasa es que los que hoy gobiernan en estricto rigor no están con intención de pensar en la solución que quieren los estudiantes, porque tienen diferencias ideológicas profundas. Cuando uno ve que en la reforma tributaria, para dejar tranquila a la UDI se incluye un artículo que plantea un beneficio tributario para los padres uno ve que hay un intento de correr el cerco, aumentando la presencia del mercado en la educación.
-En un eventual Gobierno de Bachelet, este tema va a estar presente igual. ¿Va a ser más complejo manejarlo con el poder que demuestran los movimientos sociales?
-Cualquiera sea el Gobierno va a ser un período difícil. Chile está viviendo un proceso de transición política, pero también de transición de modelo económico. El modelo, aunque se le han hecho algunos cambios, se hace insuficiente, sobre todo por el nivel de desprotección de los ciudadanos en temas como educación, salud y pensiones.
Caso Pitronello
-Hablemos del caso Pitronello. ¿Comparte el fallo del tribunal oral?
-No estoy de acuerdo con el fallo, lo digo son sin ánimo de intervención. Creo que la colocación de artefactos explosivos, para mí, debería ser considerado como terrorismo. Lo que pasa es que la reforma del 2010 a la Ley Antiterrorista les abrió la puerta a los jueces a la interpretación que hacen. Fue el propio Gobierno que, con las intervenciones públicas de los ministros Rodrigo Hinzpeter y Felipe Bulnes modificaron el artículo 1º obligando a los fiscales a probar la intención subjetiva de causar temor. El voto de mayoría se basó en que el Ministerio Público no probó esa intención.
-El tema de las bombas ha tenido un mal resultado para el Gobierno. Pero los bombazos comenzaron en los Gobiernos de la Concertación. ¿Hay alguna autocrítica por la falta de resultados que hubo entonces?
-Las bombas comenzaron el 2005, antes del Gobierno de Bachelet, durante todo el Gobierno de la ex Presidenta se llevó adelante la investigación. Pero el Gobierno, con la reforma procesal penal, es un actor secundario en la investigación de los delitos. El encargado es el Ministerio Público.
-¿Qué política podría tener un nuevo Gobierno de Bachelet frente a los grupos que ponen bombas?
-No puedo hablar por un nuevo Gobierno de Bachelet, no puedo hablar en representación de ella.
-¿Pero cuál es su visión del tema?
-Creo que en nuestro país tenemos que sincerar el debate. Todos los países y los Estados democráticos cuentan con leyes para controlar a los que quieren echar abajo al Estado y sus instituciones. Chile debe dar una discusión sobre una nueva ley antiterrorista, que entregue protección al país y se articule con los derechos fundamentales.
-¿En esa nueva ley poner bombas debiera ser siempre terrorismo?
-Creo que sí, pero no sólo eso. La actual ley tiene muchos problemas, porque fue creada durante el Gobierno de Pinochet, en una dictadura. Es posible que en un país democrático sea capaz de debatir, más allá de los conflictos particulares, y darle al Estado herramientas para enfrentar este tema.
FUENTE. LA NACION.CL
