La bomba de tiempo en el caso Kodama
A UN mes de que el senador del MAS Alejandro Navarro solicitara a la Contraloría General de la República un dictamen administrativo por el acuerdo judicial entre la empresa constructora Kodama y el Serviu, el organismo realizará mañana su última diligencia: tomar declaración a la ministra de Vivienda, Magdalena Matte. Con ello estará en condiciones de emitir el preinforme, que en La Moneda esperan para miércoles o jueves. En Palacio saben que esta será una nueva bomba en el caso, pues el órgano contralor cuestionará el pago de $ 17.000 millones, fijado en un acuerdo que en un primer momento fue autorizado por la ministra, quien posteriormente paralizó la operación. El dictamen dejará en difícil pie a los funcionarios del Serviu y al asesor jurídico de Matte, el abogado Alvaro Baeza.
En los días previos, el equipo del contralor Ramiro Mendoza interrogó a todos los otros funcionarios involucrados en el proceso que terminó en la firma de la titular del Minvu del Decreto Exento N° 8. En éste se autorizó el pago a la empresa, que en noviembre de 2006 se adjudicó un contrato para levantar el corredor Pedro Aguirre Cerda para el Transantiago. El miércoles, Contraloría interrogó al abogado Baeza y a Antonio Llompart, director del Serviu Metropolitano; antes habían hecho lo mismo con Rafael Marambio, subdirector jurídico del Serviu, y el viernes le tocó el turno al subsecretario de Vivienda, Andrés Iacobelli. Todos ellos, además de Franz Greve, subdirector de Pavimentación del Serviu, son los principales actores, por el lado del Fisco, en un caso que hizo saltar las alarmas en La Moneda hace ya dos meses.
En pleno verano y a pocos días de haber firmado el hoy cuestionado documento, la ministra Matte recibió la primera alerta cuando estaba de vacaciones. A días de firmar el decreto, de acuerdo con la versión que la secretaria de Estado ha dado, el director de Finanzas Daniel Johnson pidió antecedentes que respaldaran la cifra acordada en el marco de un proceso judicial. La demanda fue interpuesta por Kodama el 15 de diciembre ante el 10° Juzgado Civil de Santiago, por una suma de $ 41.500 millones (sin IVA). Al no obtener tales documentos, el subsecretario Iacobelli alerta a la ministra Matte, quien se encontraba en Zapallar. Ella regresa a Santiago, paraliza el pago y se inicia la crisis para La Moneda.
En cualquier caso, lo cierto es que la ministra detuvo el proceso de pago en los primeros días de febrero, pidió un estudio al Idiem de la Universidad de Chile para cotejar la cifra alcanzada y ordenó un sumario interno en el Serviu. También pidió a un asesor externo, Benjamín Dávila, que revisara todos los documentos. Cuando él solicitó antecedentes al Serviu, se encontró con respuestas ambiguas y antecedentes incompletos. A fines de febrero, Matte sumó la asesoría del abogado Pedro Pablo Gutiérrez, quien inició una revisión crítica de lo obrado por Baeza. La ayuda de ambos profesionales representó una muestra del nivel de cuestionamiento sobre los funcionarios del Serviu.
Desde ese momento, el segundo piso de La Moneda ha monitoreado el caso. Fuentes de gobierno señalan que el Presidente Sebastián Piñera ha seguido el caso con molestia, ya que supone un nuevo cuestionamiento a la proclamada “nueva forma de gobernar”.
Cuando Navarro entregó los antecedentes a Contraloría, el caso comenzó a hacerse público. Al pasar los días y tras conocerse que en agosto de 2010 hubo una resolución de Contraloría que rechazó cancelar $ 959 millones por mayores costos a la empresa, en la oficina de la jefa de asesores, María Luis Brahm, saltaron nuevamente las alertas. Ahí se le solicitó un nuevo informe a Matte. El jueves 7 de abril, además, el ministro de la Segpres, Cristián Larroulet, se reunió con Ramiro Mendoza. Al día siguiente, la ministra presentó los antecedentes ante la fiscalía para que indagaran si había “actuaciones que puedan calificarse de impropias”.
Durante la semana, una de las diligencias claves que realizó el fiscal José Morales ha sido la incautación de los computadores de Baeza y de otro funcionario del Serviu.
Quienes han obtenido información sobre la labor realizada por Contraloría tienen la convicción de que el preinforme establecerá que la cifra fijada como compensación excede en $ 7.000 millones el cálculo correcto. En el dictamen se cuestionará la fórmula que usó el Serviu para alcanzar la suma.
Esta semana La Tercera publicó un informe de 50 páginas -firmado por Marambio y Greve-, donde se detallan los costos extras en que habría incurrido la empresa y justifican el pago de $ 14.096 millones. A eso, agregan $ 2.538 millones con el argumento de que “dado que existen una serie de partidas que representan los mayores costos por ineficiencias incurridas por imposición del Serviu (…), se estableció como atendible acordar con la empresa Consorcio Construcciones Kodama Ltda. el reconocimiento de otros conceptos indemnizatorios contenidos en la demanda”.
El preinforme contendrá un relato detallado de los hechos y expondrá las actuaciones de la ministra y todos los funcionarios. Se prevé que será devastador para el abogado Baeza, Llompart, Marambio y Greve, además de al menos otros dos funcionarios subalternos. “Aquí van a rodar las cabezas que tengan que rodar”, dijo el jueves la ministra Matte.
El 8 de junio de 2010, la ministra se reunió con dos de los hermanos que encabezan la firma Kodama. Ellos le plantearon las demandas de la compañía en cuanto a deudas por sobrecostos. Matte les dijo que el Serviu revisaría el tema. De acuerdo con una cronología de los hechos realizada por ese último organismo -y a la que accedió La Tercera-, la primera reunión entre el Serviu y Kodama fue el 7 de julio. En septiembre un email dirigido a Llompart indicaría que Baeza avisa que recibió reclamo de la empresa por “estancamiento” del tema. La ministra había dejado a cargo del tema a su asesor jurídico, quien la representó en las conversaciones.
La versión que el abogado dio a cercanos es que él no llevó las negociaciones con Kodama, que eso lo hicieron el director del Serviu (Llompart) y el sudirector jurídico Rafael Marambio. Pero todos los antecedentes recabados hasta el momento señalan lo contrario.
El día de la firma del decreto (25 de enero), Baeza se encontraba en EE.UU. Sin embargo, no estaba desconectado de lo que ocurría en Santiago. Marambio ha declarado en Contraloría que él lo llamó insistentemente para presionarlo para que firmara rápido el acuerdo. Baeza sostiene que no fue así y que sólo devolvió llamados a Marambio. Lo que está claro es que ambos conversaron sobre el tema en vísperas de que se concretara el acuerdo.
En correos electrónicos a los que tuvo acceso La Tercera, el abogado es mencionado entre los funcionarios como partícipe. En un mail del 25 de enero, de una abogada del Serviu a la directora jurídica del Minvu (Mirna Jugovic), Baeza aparece mencionado como quien informa que el documento para la firma de Matte está listo: “Acabo de hablar con mi subdirector (Marambio), quien me señala que don Alvaro Baeza le informó que el decreto estará para hoy, de ser eso afirmativo, le pido por favor nos envíe (…) copia del decreto, con el objetivo de darle forma de escritura pública y poder presentarla mañana en la audiencia de conciliación”.
Si en un primer momento en La Moneda se habría evaluado mantener a Llompart -como un fusible para futuras acciones-, los antecedentes que conocen sobre el preinforme de Contraloría los llevó a definir que una vez que se emita el documento, desvincularán a todos los cuestionados del Serviu.
El viernes, la ministra Matte almorzó con el Presidente y hablaron sobre el caso. Cercanos al Mandatario señalan que si bien en un principio le molestó que ella hubiese visado el acuerdo, la reacción posterior de ella ha sido bien evaluada (como enviar los antecedentes a fiscalía). En Palacio ronda el fantasma de que el caso pase a monopolizar la agenda y se convierta en un problema similar -aunque a diferente escala- de lo ocurrido con la ex intendenta Jacqueline van Rysselberghe. Y también se ha instalado la inquietud de que la polémica escale y la oposición levante una acusación constitucional contra la ministra, por notable abandono de deberes.
Durante la semana se definió una estrategia para enfrentar el caso: apuntar al origen del contrato en 2006 y eventuales irregularidades cometidas durante la administración de Michelle Bachelet.
En el entorno de Matte dicen que la ministra se encuentra en una situación difícil, más aún cuando la crisis, agregan, se agudizará esta semana. Además, a medida que avanza la investigación se levantan nuevos cuestionamientos: como por qué no impugnaron el acuerdo en tribunales, cuando tenían plazo hasta el 8 de marzo. En esos días, Baeza y funcionarios del Serviu estaban en plena conversación con Darío Calderón (abogado de Kodama) para buscar una salida tras la decisión de la ministra de no cursar el pago.
Si bien el caso tendrá una serie de repercusiones políticas, especialistas prevén que será complejo para fiscalía establecer delitos.
El cuestionado ex asesor de la ministra
Una de las situaciones complejas que ha enfrentado en los últimos días la ministra de Vivienda, Magdalena Matte, es el complicado momento que atraviesa su ex asesor jurídico, el abogado Alvaro Baeza (40), a quien conoce desde cuando él cursaba tercer año de Derecho en la Universidad de Chile.
Baeza llegó a trabajar a la papelera Dimar cuando ella dirigía la empresa y con los años se convirtió en un hombre de confianza para ella, para su marido, el senador UDI Hernán Larraín y para su familia.
El 7 de julio de 2010, Matte se lo llevó hasta el ministerio como asesor legal por un sueldo de $ 2,5 millones. Baeza ocupaba una oficina contigua a la de la ministra y en el Minvu era reconocido como un tipo con ascendencia sobre ella. Pero el lunes, la ministra lo desvinculó y al día siguiente el fiscal José Morales incautó su computador en el marco de la investigación que lleva la Fiscalía Centro Norte.
Cercanos a Matte cuentan que si bien le tomó tiempo tomar esa decisión, al ir conociendo la actuación de Baeza en el caso y recibir respuestas evasivas respecto de la negociación con Kodama, ella le perdió la confianza y por eso a fines de febrero pidió asesoría a otro abogado externo, Pedro Pablo Gutiérrez.
Cuando estalló públicamente la polémica, la ministra tendió a minimizar el rol jugado por Baeza, aunque en los últimos días endureció su discurso y lo sindicó como el hombre que estaba a cargo de las conversaciones con la empresa.
Mientras estuvo en el gobierno, el abogado mantuvo su estudio Baeza & Compañía, en Apoquindo 3001. Como litigante, en el mercado se le reconoce la pelea que dio a nombre de Telefónica del Sur cuando CTC pasó a manos de la española que llegó con el mismo nombre (Telefónica). También participó en el caso Chispas y en la venta de la Universidad Santo Tomás (su estudio tenía el 1,9% de las acciones).
Uno de los casos más polémicos que arrastra hasta hoy es el de la Asociación de Canteros de Colina, a la cual representó contra una constructora para recuperar sus pertenencias mineras. Tras el dictamen judicial que favoreció a los canteros, Baeza recomendó buscar un acuerdo extrajudicial. Este se firmó y la empresa se comprometió a pasar el 50% de los terrenos a la asociación y a pagar honorarios del abogado por $ 800 millones. En 2008, los canteros se querellaron contra el profesional por considerar que parte de ese dinero era indemnizatorio y ellos no recibieron nada. El caso sigue hoy en trámite.
Tras la muerte del director de Carabineros Alejandro Bernales y su esposa en Panamá, defendió los intereses de la familia y en menos de un año logró indemnizaciones. También es representante de Acushnet, una de las mayores tiendas de golf, y es controlador de la agenda Pascualina, luego de asociarse con la creadora (a quien defendió en un litigio). FUENTE. LA TERCERA..CL
