La Nueva Opción

Por Carlos Pontigo

La presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, marcó un hito. Consiguió mayoría inédita en el pleno para abrir 56 cuadernos de remoción contra jueces por licencias médicas cuestionables. Tres ministros y el juez Daniel Urrutia incluido votaron por activar la superintendencia correccional del máximo tribunal.

Revisión de casos: 104 expedientes bajo la lupa. El pleno revisó un total de 104 procesos disciplinarios. De esos, se decretó abrir 56 cuadernos de remoción: 42 iniciados directamente por el pleno tras revisar casos previos, y 14 derivados de apelaciones donde las Cortes de Apelaciones habían sido mano blanda.

La justificación es institucional y brutal: La propia vocera y presidenta del máximo tribunal, Gloria Ana Chevesich, indicó que estas conductas afectan directamente la imagen y la credibilidad de la judicatura. Por eso se invocó el artículo 80 de la Constitución: resguardar la estatura moral del Poder Judicial. Se acabó la impunidad interna.
Procedimiento a seguir: Los magistrados ya están siendo notificados de manera formal. Tienen cinco días hábiles para enviar sus descargos a la Corte Suprema. Después vienen nuevos alegatos y el pleno votará caso por caso la destitución o permanencia de cada juez. No hay paquete, no hay amnistía. Cada toga responde por la suya.

42 causas de remoción ya están en trámite. El motivo: licencias médicas cuestionables, por decirlo educadamente. Si se confirma, hablamos de un castigo ejemplar. Porque la pregunta es brutal y simple: qué pasa con quien tiene que entregar el ejemplo.
¿Si la cúpula no puede dar cátedra de probidad, podrá sacar esos ejemplos hacia abajo? ¿Serán modelo para jueces de menor cuantía, para fiscales, para letras? Hoy no hay medidas concretas. Solo el debido proceso. Mientras tanto, el silencio pesa más que cualquier sentencia.
Chevesich se lo tomó en serio. Y tenía que hacerlo. La pica credibilidad del Poder Judicial ya venía sangrando. A esto se suma la baja confianza ciudadana, esa que se mide en la calle, en la periferia, donde el vecino ve que la justicia no llega. A esos lugares solo llegan fiscales, abogados, policías. Todas las piezas, menos el máximo referente. La Corte Suprema. El último eslabón. Los que entregan las directrices hacia abajo.

Aquí está la contradicción que nadie quiere decir en voz alta: Le pedimos al ciudadano común, a las pymes, a los técnicos, a los profesionales que quieren hacer todo correcto, que confíen ciegamente en la justicia para resolver atropellos, injusticias y delitos. Les exigimos que respeten nombramientos, que crean en el debido proceso, que esperen sentados.
Pero cuando el ejemplo viene de arriba, desde quienes resguardan la justicia en su máxima expresión, la respuesta es burocracia, plazos y causas que se arrastran. Vemos cómo se saltan la fila, se pasan pueblos, llenándose la boca de impronta de probidad.
Y mientras tanto, los más desprotegidos, precedentemente nombrados, no tienen justicia. Un gusto muy amable por no obtener, por lo que pagamos con impuestos de todos.

Si 56 jueces pueden estar meses con licencias médicas cuestionables sin que el sistema se autocorrija, ¿qué le pedimos al vecino de la periferia cuando ve que su causa duerme años en un tribunal?
No defendemos impunidad ni linchamientos. Defendemos el debido proceso. Pero el debido proceso sin resultados mata la confianza. Y sin confianza, no hay justicia que valga.

104 expedientes revisados. 56 cuadernos abiertos. 5 días hábiles pa descargos. Una mayoría inédita que usó el artículo 80. Una ciudadanía que reprocha. Y un país entero preguntándose: si el último ratio penal está enfermo, quién cura al resto?
fuente. lanuevaopcion.cl
Carlos Pontigo
Presidente de los
Técnicos Jurídicos de Chile

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