Sindicato N°1 de trabajadores de Clínica INDISA rechaza reajuste de $9000 y se declara en alerta para iniciar huelga
En el marco de su más reciente proceso de negociación colectiva, el Sindicato de Trabajadores N°1 de Clínica INDISA -que agrupa a más de 1.800 integrantes- realiza sus labores en alerta previo al rechazo de la última propuesta económica presentada por la empresa. Los puntos clave del conflicto de los funcionarios se refieren a la oferta de la clínica del sector oriente que contempla un reajuste salarial de $9.000 pesos mensuales, aplicable tras dos años desde el último acuerdo. Cifra que los trabajadores consideran insuficiente para cubrir el aumento del costo de la vida y compromisos históricos postergados desde la pandemia. Argumentan que existe una disparidad entre la propuesta de la empresa y el crecimiento económico de la institución, la cual ha expandido sus negocios mediante la adquisición de nuevos centros de salud y …
Ante la falta de acuerdo en las condiciones de reajuste salarial, el sindicato ha iniciado una campaña de movilización para sumar apoyo a sus demandas laborales en lo que sería una advertencia de huelga ante el empleador y los usuarios de la clínica que, por estos días, luce globos negros en algunos sectores del servicio y espontáneas manifestaciones durante las jornadas.
Actualmente, el Sindicato Nº 1 de Clínica INDISA, organización fundada en 1965, agrupa a trabajadores de las sedes de Providencia, Maipú y los centros médicos asociados de calle Los Conquistadores. Su base se compone de estamentos técnicos, auxiliares, administrativos y profesionales de la salud que hoy acusan un rechazo generalizado a la última propuesta de la empresa, acusando una profunda desconexión entre la sólida realidad financiera de la institución y el reajuste económico ofrecido a los trabajadores.
En términos financieros, la directiva del sindicato detalla que la clínica muestra un escenario de alta rentabilidad y expansión comercial. La empresa registra un margen de ganancia EBITDA del 30%, un patrimonio evaluado en $220.000 millones de pesos y utilidades acumuladas que ascienden a los $61.000 millones de pesos en los últimos cuatro años. A esto se suma el crecimiento de sus operaciones mediante la apertura de la sucursal de Maipú y una inversión equivalente al 28% de la propiedad de Clínica Las Condes. Frente a estos indicadores y al valor al alza de las acciones bursátiles de la sociedad anónima, la última oferta de la administración -consistente en un incremento de $9.000 mensuales- es cuestionada por los trabajadores movilizados.
El petitorio de los trabajadores solicita un reajuste del 5% en el sueldo base —con la disposición de consensuar un 3%— y un bono de término de conflicto de $1.500.000 pesos, demandas que consideran en concordancia con el buen momento de la clínica que ha visto una mejora sustancial de sus operaciones en el contexto del mercado de la salud privada.
Rodrigo Jacob, tesorero del Sindicato N°1 de la Clínica Indisa agrega que la base argumental de la empresa para justificar el nulo aumento del sueldo base radica en la existencia de un modelo de Categorización. Un sistema planteado por los funcionarios e implementado en el año 2010 a partir del modelo de trienios del sector público. “Esta categorización permite que el personal aumente de tramo salarial automáticamente cada tres años, otorgando incrementos de hasta un 18% según el estamento, sumado el reajuste por IPC pactado cada seis meses. Sin embargo la administración utiliza este mecanismo como un sustituto del reajuste de la negociación colectiva ordinaria”, expone.
Los dirigentes señalan que esta tendencia se arrastra desde la crisis sanitaria del Coronavirus cuando los sueldos se congelaron bajo el argumento del alza en el costo de los insumos médicos, a pesar de que la clínica habría operado a máxima capacidad recibiendo además pagos estatales por pacientes Fonasa derivados vía Ley de Urgencia. Desde entonces, el único incremento real fue del 2,6% el año 2022.
“Más allá de la disputa económica, el conflicto laboral abarca también una severa precarización de las condiciones de trabajo y una sobrecarga física y psicológica de los funcionarios producto de una política de reducción de costos y personal a base de la implementación de un modelo de multifuncionalidad en el que, por ejemplo, técnicos que antes estaban a cargo de seis o siete pacientes para los servicios médico-quirúrgicos, han duplicado hoy promedios de hasta 14 pacientes por trabajador”, apunta Jacob.
Este problema se vería agravado por la falta de regulaciones actualizadas por parte del Estado, ya que los parámetros vigentes datan de la década de 1980 y omiten el nivel de complejidad del paciente, equiparando la carga de un paciente autovalente con uno postrado, entre otros anacronismos junto a la falta de cobertura del personal con licencias médicas o feriados legales que obliga a sus compañeros a absorber las tareas vacantes.
Finalmente, el análisis del gremio se extiende hacia las deficiencias estructurales del sistema de salud chileno en su vertiente pública y cómo su deficiencia también permite una mayor influencia del sector privado y los conglomerados políticos a cargo. Adicionalmente, los trabajadores de la salud privada son críticos de los recientes recortes presupuestarios planteados por el Gobierno argumentando que la solución a las extensas listas de espera y a las falencias de infraestructura hospitalaria no resistirán un retiro de fondos cuando lo que realmente necesita un mayor control que controle controversias como el ausentismo de profesionales en el aparato público, el uso inapropiado de licencias médicas y la sobredotación de “cargos ficticios”, agregan.
Respecto a la frase expuesta por las autoridades de salud en cuanto a que «con menos presupuesto a veces se puede hacer más», el gremio de trabajadores de este sindicato es tajante: “Nuestra postura es de absoluto rechazo frente a la idea de realizar recortes en el presupuesto de la salud pública. Esta medida es absolutamente deficiente para la realidad actual y empeora de forma directa la situación de los usuarios del sistema de salud, pues ya enfrentan esperas de tres a cuatro años en las listas del sistema público para intervenciones quirúrgicas básicas, como cirugías de vesícula. Desde nuestra perspectiva gremial, creemos que las autoridades políticas que promueven estas políticas operan desde una alarmante desconexión de la realidad social y de las necesidades básicas de la población”, plantea el directivo.
FUENTE: Sindicato de Trabajadores N°1 de Clínica INDISA
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