Caso Fasa: Principal ejecutiva vinculada a caso colusión sale de la cadena
La principal de las tres ejecutivas de Farmacias Ahumada vinculadas al caso de colusión con las cadenas competidoras Salcobrand y Cruz Verde, Paula Mazzachiodi, acordó con la gerencia de la firma dejar su cargo de subgerente de Farma RX, con lo que se concretó la salida de los implicados “clave” en la ejecución del mecanismo mediante el cual la firma reconoció haberse coludido con sus competidores.
Según señaló el presidente de la firma, Enrique Cibié, la ejecutiva había manifestado su intención de abandonar su cargo y alejarse de la firma, pues ya no se sentía cómoda trabajando en Farmacias Ahumada.
“Por lo que yo tengo conocimiento de la situación, ya han salido todos. Hubo el caso de tres personas que se trataron en el directorio y que quedaron fuera (…) Paula (Mazzachiodi) todavía no sale de la compañía, es una de las personas que están ahí. Se ha llegado a un acuerdo con ella, verbal, pero eso todavía no se ha ejecutado. Básicamente ahí la idea es que salga de la compañía”, dijo.
Cibié señaló que la salida de la ejecutiva es de carácter voluntario, y fue solicitada por ella misma, debido a la compleja situación que vivía al interior de la firma.
“Ella se siente muy mal dentro de Fasa, estas cosas son complicadas para las dos partes, entonces ella se siente mal”, dijo.
A fines de octubre, también abandonaron Farmacias Ahumada las category manager Alejandra Araya y Lisete Carrasco, ambas subalternas de Mazzachiodi. Las declaraciones de estas ejecutivas fueron las que en gran parte sustentaron el acuerdo alcanzado entre la Fiscalía Nacional Económica (FNE) y Fasa -que obligó a la firma a pagar US$1 millón para quedar fuera del juicio- y que hoy sustentan el juicio que lleva adelante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) en contra de Salcobrand y Cruz Verde.
El presidente de la firma señaló también que la salida del resto del resto de las ejecutivas no impedirá que estas sigan colaborando en la investigación que la justicia ordinaria lleva a cabo.
“Si la justicia debe hacer una investigación acuciosa, obviamente va a llamar a todas las personas que tengan alguna relación con esto. La verdad es que estas personas no deben tener ninguna cosa que los ate. Hoy día esa gente tiene libertad absoluta, y eso ha sido sumamente transparente”, dijo.
A las tres ejecutivas mencionadas, además, les fueron incautados sus computadores en junio, a petición de la Fiscalía Centro Norte, y declararon en calidad de imputadas en la investigación llevada a cabo por el fiscal Luis Inostroza, que persigue la eventual vulneración de los artículos 285 y 286 del Código Penal, por presunta adulteración de precios y asociación ilícita, cuyas penas van entre 61 días y cinco años de cárcel.
FUENTE. LA TERCERA.COM
