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Caso ADN y posible indemnización: Madre de víctima dice que ningún “dinero del mundo” le devolverá a su hijo

Viernes, 30 de Enero de 2009

Mario Trey y Alejandra Pérez, padres de Maximiliano, el menor fallecido en 2008 tras ingerir el suplemento alimenticio ADN, escucharon esta jornada los distintos escenarios judiciales que restan en el caso que remeció a la opinión pública el año pasado.

Maximiliano, uno de los casos más emblemáticos de la causa, murió debido a que el producto, fabricado por B. Braun Medical, contenía menos potasio del que declaraba su etiquetado. Lo que vino después fue una querella en contra del laboratorio y una investigación del Ministerio Público a 76 denuncias, de las cuales 23 son de personas que fallecieron presuntamente por el consumo del suplemento alimenticio.

Hasta el minuto Egon Hoffmann ex gerente de la planta y Ezzio Olivieri ex jefe de control de calidad son los dos imputados en la causa que lleva la Fiscalía Occidente por el delito de daño a la salud pública.

“La fiscal (Marisa Navarrete) nos citó a una reunión para explicarnos como iba el proceso, las alternativas de juicio oral y abreviado”, dijo a latercera.com, Alejandra Pérez quien evitó ahondar en la propuesta de indemnización que les habría hecho el laboratorio.

Las partes involucradas negocian la posibilidad de un juicio abreviado y la compensación vía indemnizaciones para las familias de los afectados en una cifra cercana a los $ 300 millones.

Sin embargo Pérez fue clara al señalar que el camino escogido por su familia es llegar hasta el final con la demanda penal. “Ningún dinero del mundo me va a devolver a mi hijo. Yo voy por etapas y esta es la penal, estoy bastante conforme con la fiscal y los abogados que no están apoyando. En este minuto no estamos hablando de cifras”.

Los padres de Maximiliano aclararon que nunca han tenido acercamiento con el laboratorio “ni lo vamos a tener hasta que los procesos terminen, ni tampoco después, nos vamos a ceñir a las instancias legales”.

La fiscal Marisa Navarrete entrevistó a cerca de 70 familias. Si las familias no aceptan la indemnización los imputados arriesgan comparecer a un juicio oral y enfrentar la posibilidad de penas de cárcel.

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