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Envían proyecto que propone multas de $368 millones por infracciones al uso de datos personales

Miércoles, 27 de Mayo de 2009

SANTIAGO.- Multas de hasta $368 millones para los infractores del derecho de las personas a controlar el uso de sus datos personales contempla el proyecto de ley sobre la materia, enviado por el ministerio de Economía al Congreso.

Según detalló hoy el subsecretario de la cartera, Jean-Jacques Duhart, “se trata de una iniciativa que busca evitar que se repitan casos como el traspaso de información confidencial de pacientes, sin su autorización, desde las Isapres a cadenas de farmacias”.

El proyecto de ley sobre Protección de Datos Personales establece sanciones para quienes violen este derecho, distinguiendo entre infracciones leves, graves y gravísimas. En este último caso, las multas se elevan hasta las 10 mil UTM.

Asimismo, el infractor se arriesgará a la cancelación de su registro en la base nacional de datos, en la que deberán estar inscritas todas las empresas que procesen este tipo de informaciones.

Duhart puntualizó que el proyecto establece que los datos personales -como el RUT, las direcciones, números de teléfono, diagnósticos médicos e incluso el uso del TAG en las carreteras, entre otros-, tienen dueño y que sus titulares tienen derecho a decidir cuáles de éstos se pueden recoger, procesar y con qué fines.

La iniciativa, agregó, busca consagrar el derecho de las personas a controlar sus datos, garantizando que quienes recojan, pueblen o procesen bases de datos personales sólo podrán utilizarlas para los fines expresamente autorizados por el titular.

El proyecto, actualmente en discusión en la comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados, además refuerza el deber de los responsables de las bases de datos de rectificar o corregir las informaciones erróneas, cuando ello sea requerido por los titulares de esos datos.

Contenidos del proyecto
El proyecto que se encuentra en segundo informe de la comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados, tras ser aprobado por la comisión de Economía, modifica dos cuerpos normativos: la ley 19.628 sobre Protección de la Vida Privada; y la ley 20.285 sobre Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado.

El texto hace reconocimiento explícito de los derechos de las personas a controlar sus datos; amplía el margen de los sujetos protegidos, reconociendo que la información sobre las personas jurídicas es tan relevante como la de las personas naturales y que también merece ser resguardada; y amplía el contenido de la obligación de informar al titular sobre la recolección de datos.

Además, establece que la autoridad encargada de velar por el cumplimiento de la normativa es el Consejo para la Transparencia, el que pasaría a denominarse Consejo para la Transparencia y Protección de Datos Personales.

Este órgano tendrá entre sus funciones: Mantener un Registro Único Nacional de las Bases de Datos; fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones sobre tratamiento de datos personales; dictar instrucciones generales o particulares sobre las condiciones de legitimidad para el tratamiento de datos personales; tendrá facultad para conocer reclamaciones de particulares; potestades sancionadoras; podrá ordenar la cesación de los tratamientos de datos y cancelar registros, cuando no se ajusten a las disposiciones.

FUENTE.EMOL.COM. ECONOMIA Y NEGOCIOS.

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